¿CUÁL ES EL STATUS DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN MÉXICO?

Por: Eduardo Delgado Durán

Es opinión generalizada que vivimos tiempos de cambio. El problema es definir si efectivamente estamos o no en presencia de una nueva era y, en particular, si los pretendidos cambios son para bien y si nos llevan o no a puertos nuevos y mejores que los del pasado.
Habrá quien sostenga que, por definición, todo cambio es para mejorar, como reza el adagio popular, impulsado, desde luego, por un anhelo colectivo de redención de la pobreza y el atraso que los mexicanos venimos arrastrando desde antiguo; pero habrá otros que afirmen, con un dejo filosófico y un olor a añeja teología herética, que, en realidad, el tiempo es circular y que -como sostiene Jorge Luis Borges- nada es que no haya sido y que no será.


Sirva lo anterior para detenernos un poco en algo que nuestra teoría constitucional da por sentado: que en México existe e impera la llamada separación de poderes -o coordinación de ellos, como algunos modernos quieren puntualizar-; al menos, así lo afirma -casi a voz en cuello- el artículo 49 de nuestra Constitución Federal; y a raíz de ello, han corrido ríos de tinta jurídica desde hace siglos y se asevera en foros nacionales y extranjeros que en México, a no dudarlo, impera ese añejo principio constitucional y que, por ende, vivimos bajo el cobijo y protección del Estado de Derecho.


Sin embargo, olvidamos que, históricamente, muchas generaciones brindaron ofrenda de sangre para alcanzar ese sistema de reparto de funciones y de convivencia de poderes y que, paradójicamente, constituye uno de los elementos de la Democracia más frágiles y vulnerados en nuestro país y en otras partes del mundo.


La razón de su debilidad se encuentra en las mismas causas que le dieron origen: la irresistible tentación de monopolizar el poder, de decidir de manera unipersonal los destinos de las personas, como ocurría en épocas ya obscuras, en las que un solo hombre -o mujer en los tiempos modernos- aglutinaba todas las funciones del Estado y las dispensaba e imponía a libre voluntad. Frente a los múltiples intentos, desplegado por reyes, monarcas, tiranos y estados totalitarios, por apropiarse de la totalidad de las funciones propias del gobierno,
históricamente el Poder Judicial, los jueces y magistrados, han jugado un papel fundamental en la preservación y desarrollo de la democracia, de tal manera que, incluso, a partir del siglo XVIII, se ha ido acuñando paulatinamente el principio de la independencia judicial, como bastión contra la ilegalidad en el ejercicio de las funciones de los demás poderes.


Son muchos los autores que encuentran el origen del sistema democrático de los pueblos no en la voluntad efímera y, muchas veces, inconsistente del poder legislativo ni mucho menos en la determinación de un órgano ejecutivo, que, por vocación y tentación históricas de preservar su poder omnímodo; sino en la actitud del Poder Judicial frente a los actos de los restantes poderes: cuando se ha encontrado jueces valientes y decididos a revocar, a través de sus sentencias, los actos contrarios a la Constitución Federal y a las leyes secundarias.

Aunque el término independencia judicial es equívoco, pues algunas veces alude a la condición de autonomía política del Poder Judicial frente a los otros poderes y muchas veces más se refiere exclusivamente a la posición de libertad y de imparcialidad en que debe ubicarse el juez al emitir una sentencia; sin embrago, esa dicotomía de sentidos en realidad acuña una sola vertiente: la independencia Judicial se erige como atributo de un verdadero poder libre en su determinación y ajeno a las influencias de los demás, en la medida en que sus jueces dictan sus sentencias con honestidad, bajo el solo dictado de la Constitución y la ley.


De esta manera, a través de los siglos, el Poder Judicial dejó de ser apéndice de los demás poderes -como ocurría hasta antes de la Revolución Francesa- y fue abandonando paulatinamente el anonimato en que le permitía vivir su esencia burocrática, para llegar a
ser elemento fundamental para la judicialización de los actos de gobierno y de la vida política en México.


Entendida a cabalidad la independencia judicial, al menos en teoría, como un verdadero contrapoder, cuyo ámbito de acción ha de dirigirse hacia la lucha y destrucción de la ilegalidad y la arbitrariedad, generadas por la contravención al ideal normativo de la
Constitución, es fácil comprender que, en los últimos tiempos, las actuaciones y resoluciones de los jueces y magistrados tengan la capacidad de “incomodar” a la Administración y al resto de los poderes. Aquí es donde radica su esencia democrática.


Esa aptitud del Poder Judicial de “disgustar” a los demás poderes encuentra una relación inversa con el grado democrático de una sociedad, de tal manera que, mientras más irritables se tornan los poderes de un estado, ante el dictado de las resoluciones judiciales, y su reacción se traduce en la descalificación y la persecución de sus miembros, menor es el grado de evolución democrático de un pueblo y, trágicamente, más se acerca a la dictadura y la tiranía.


Podríamos citar muchos ejemplos de este fenómeno, sacándolos de la amplísima alacena de la historia política y constitucional de México y de muchos otros países; pero no necesitamos ir tan lejos. Nuestro actual gobierno nos ha brindado, a lo largo de lo que va de este sexenio, múltiples ejemplos claros y paradigmáticos de lo incómoda que puede ser la independencia judicial para sus fines.
Sin necesidad de una narración sucinta de hechos, es evidente que las muchas declaraciones de nuestro Presidente, donde se duele de las determinaciones de los jueces y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, atribuyéndoles -sin la presentación de una prueba ni haciendo uso de los medios jurídicos procedentes- vicios de corrupción o supuestas componendas con elementos de los grupos económicamente poderosos que no comulgan con el proyecto presidencial e incluso las recientes propuesta de reforma judicial, ponen en evidencia el triste espectáculo del estado actual de la democracia en México, pues releva varios aspectos de una penosa realidad:

  1. El Presidente desconoce -lo que sería grave- o no le importa -lo que sería peor- el
    contenido de los artículos 1º y 133, en relación con el numeral 87 de la
    Constitución Federal, que establecen el principio de supremacía constitucional y el
    ineludible deber del titular del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir la
    Constitución, que se autoimpone al protestar el cargo.
  2. El Presidente también soslaya que el artículo 49 de la Constitución Federal
    dispone, sin lugar a dudas, que nuestro país está constituido y organizado a través
    de un sistema de división de poderes y que ese sistema implica un sistema de
    contrapesos que, para ser real y efectivo, obliga a los demás poderes a respetar,
    con todo lo que este verbo exige, las resoluciones de unos y otros, aunque sean
    contrarios a sus intereses y proyectos.
  3. El Presidente se duele de que el Poder Judicial esté al servicio de particulares y en
    contra de los intereses de la Nación; pero sus cometarios parten de un sofisma
    evidente, pues identifica los intereses de la Nación con sus proyectos de gobierno
    y se olvida, además, que los jueces, por definición, sólo están al servicio de la
    Constitución y de las leyes, donde se resumen los verdaderos intereses de la
    Nación.
  4. Así, el titular del Ejecutivo soslaya que, en un Estado de Derecho, como se supone
    que es el nuestro, cualquier proyecto de gobierno que contravenga la Constitución
    Federal o las leyes secundarias debe ser desechado como de interés de la
    Nación.
  5. El Presidente insiste en una visión maniquea ya muy gastada, al pretender dividir
    al país en grupos de buenos (los que lo aplauden y son acordes con sus
    ocurrencias) y los malos, conservadores, liberales, enemigos del pueblo… (que
    cuestionan sus salidas y decisiones).
  6. Los poderes Ejecutivo y Legislativo olvidan que, también por disposición
    constitucional, las resoluciones de los jueces no pueden ser objeto de censura ni
    mucho menos de reproche político.
  7. Algunos Ministros de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la
    Nación parecen confundir la objetividad con el servilismo y la complacencia hacia
    los poderes que les permitieron acceder al cargo.
  8. Existe un intento, en mi opinión peligroso, de olvidar que la vocación de los jueces
    no tiene nada que ver con la opinión de las masas o del llamado a modo “pueblo”,
    sino que, por función y por vocación -regidas también por la constitución- sus
    decisiones deben tener su origen y su fin mismo en el texto de la Constitución
    Federal y de las leyes que de ella dimanan y que, por tanto, al resolver no pueden
    ni deben atender a los intereses de las pretendidas mayorías, sino exclusivamente
    de la recta y objetiva interpretación del texto de la Ley Fundamental y de las
    normas secundarias.
  9. Por lo tanto, también pasan por alto que, al ser la función jurisdiccional un acto de
    sujeción a la ley, resulta un contrasentido anclar el nombramiento y el ejercicio de
    esa jurisdicción a los caprichos del electorado y a los vaivenes de los movimientos
    políticos de los partidos.

En las tomas de protesta de los Ministros, de los Magistrados y Jueces, es un lugar común exhortar a los recién nombrados juzgadores a ser valientes. Seguramente, nunca como hoy, al escuchar tal exhorto, deben pensar que los embates de los demás poderes, orientados a debilitarlos y a someterlos, constituyen la arena para mostrar su temple y su valor.
Se puede o no disentir del sentido de la resolución del Juez Federal y para eso existen los recursos que la Ley de Amparo prevé en su contra; pero lo que no se puede, lo que le está vedado a cualquier autoridad es utilizar mecanismos políticos para sujetar a los jueces a un control tiránico y, de suyo, antidemocrático.

Sin duda alguna transitamos por épocas confusas, porque todos los medios oficiales nos invitan a la algarabía, porque asistimos a la inauguración de tiempos de bonanza, democracia y respeto de los derechos humanos, al menos eso nos dicen un día sí y otro también; pero la cruda realidad parece susurrarnos que no es así; que, por efecto de un flashback, el pasado nos alcanzó y presenciamos nuevamente la lucha por la apropiación de los poderes por parte de una sola persona, donde el Poder Ejecutivo busca afanosamente controlar al Judicial, para que éste deje de ser un poder incómodo y se ajuste a los caprichos del Presidente, en un asfixiante retroceso a épocas medievales.
Permítanme, en esta hora, disentir, con todo respeto, del poeta español Jorge Manríquez, cuando dijo, con fuerte convicción, que todo tiempo pasado fue mejor. Por el contrario, las experiencias del pasado, que ahora se repiten, a muchos de nosotros sólo nos dejan un
sabor amargo y un dejo de preocupación.

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