Derecho a la vivienda vs Mercado inmobiliario

En México, el derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 4º de la Constitución. Sin embargo, para millones de personas, tener una casa propia sigue siendo un sueño lejano, especialmente en un contexto donde los precios del mercado inmobiliario se han disparado en las principales ciudades del país.

Entonces, ¿Qué tan real es este derecho cuando lo enfrentamos con la realidad económica?

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¿Qué dice la ley?

El artículo 4º constitucional establece:

«Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar tal objetivo.»

También existen programas como INFONAVIT, FOVISSSTE o subsidios de vivienda social, que buscan facilitar el acceso a créditos o apoyos para adquirir un hogar.

Pero tener un derecho no garantiza su cumplimiento, especialmente cuando el entorno económico y las políticas públicas no van al mismo ritmo que el mercado.

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El mercado inmobiliario en cifras

En ciudades como CDMX, Monterrey o Guadalajara, el costo promedio de una vivienda nueva va de $1.5 a $3.5 millones de pesos, y en zonas exclusivas puede superar los $5 millones.

Según datos del INEGI, el ingreso promedio mensual de una persona trabajadora ronda los $7,500 pesos.

Eso significa que, sin apoyo familiar o un crédito sólido, una persona tendría que ahorrar más de 15 años solo para el enganche.

Además, el crecimiento de los precios de la vivienda ha superado el aumento de salarios en los últimos años, especialmente tras la pandemia y con el auge del «nearshoring», que ha encarecido zonas industriales del norte del país.

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Las brechas del acceso a vivienda

Existen barreras importantes que impiden que el derecho a la vivienda sea universal:

Precariedad laboral: la mayoría de los trabajadores no tienen ingresos suficientes para acceder a un crédito hipotecario formal.

Economía informal: más del 50% de los trabajadores no cotiza al IMSS o INFONAVIT.

Desigualdad territorial: en zonas rurales hay terrenos baratos, pero poca infraestructura y empleo.

Desconexión entre oferta y demanda: se construyen viviendas donde no hay necesidad real o donde no hay servicios.

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¿Qué se puede hacer?

Si bien el problema es complejo, hay caminos posibles:

Reforma integral del suelo urbano: que garantice vivienda cerca del empleo, transporte y servicios.

Política fiscal progresiva: que incentive la vivienda social y regule la especulación inmobiliaria.

Fortalecer la vivienda en renta digna: como alternativa real y regulada para quienes no pueden comprar.

Créditos accesibles y flexibles para jóvenes, mujeres y trabajadores informales.

En teoría, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna en México, pero en la práctica, el mercado inmobiliario —impulsado por la lógica del capital y no del bienestar— ha convertido este derecho en un bien de lujo para muchos.

Para cerrar esa brecha entre derecho y realidad, se necesita más que crédito: se necesita una política pública que priorice a las personas sobre el mercado.