El nuevo Poder Judicial de México: qué cambió tras la elección de 2025 y qué estará en juego en 2028

Durante décadas, el Poder Judicial de México fue uno de los espacios menos visibles para la ciudadanía. Sus decisiones podían tener consecuencias directas sobre la vida económica, política y social del país, pero la forma en que se integraban sus órganos parecía distante del debate público.

Eso cambió de manera radical con la reforma constitucional de 2024 y, especialmente, con la elección judicial de 2025: por primera vez, la ciudadanía votó directamente por cientos de personas juzgadoras. El proceso modificó no solamente quién ocupa determinados cargos, sino también la estructura y las reglas bajo las cuales funciona el Poder Judicial.

Ahora, el siguiente capítulo tendrá lugar en 2028, cuando se complete una parte importante de la renovación que comenzó en 2025. La pregunta ya no es únicamente quién llegará al Poder Judicial, sino qué tipo de justicia está construyendo México y cuáles serán sus efectos sobre la democracia, la inversión, los derechos y la certeza jurídica.

De una reforma histórica a un nuevo modelo judicial

La elección de 2025 representó un cambio sin precedentes. El Instituto Nacional Electoral organizó la elección de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas del Tribunal Electoral, magistraturas de Circuito y juezas y jueces de Distrito, entre otros cargos.

El resultado fue la creación de un Poder Judicial con una lógica distinta a la que prevaleció durante décadas.

A partir del 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte comenzó una nueva etapa con nueve integrantes, en lugar de los once que tenía anteriormente. La nueva integración es encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Pero el cambio no se limitó a sustituir nombres.

La reforma también modificó la manera en que se administra y disciplina al Poder Judicial. El objetivo declarado es separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas y establecer nuevos mecanismos de supervisión y responsabilidad.

En otras palabras, México no solamente renovó a sus jueces: cambió el diseño institucional de la justicia.

¿Qué pasó con la Suprema Corte?

Uno de los cambios más visibles fue precisamente la transformación de la Suprema Corte.

La nueva Corte está integrada por nueve ministras y ministros y funciona bajo un esquema diferente al anterior. La presidencia corresponde actualmente a Hugo Aguilar Ortiz, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2025.

La nueva integración ha planteado una visión de justicia más cercana a la ciudadanía, con énfasis en derechos humanos, inclusión, transparencia y acceso a la justicia. La propia Suprema Corte ha definido esta etapa como una nueva etapa de colaboración, diálogo y cercanía con la sociedad.

Esto representa una oportunidad, pero también un enorme desafío.

Una Corte más cercana a la ciudadanía deberá demostrar que esa cercanía puede coexistir con independencia judicial, calidad técnica y capacidad para resolver asuntos complejos.

Porque una cosa es cambiar la forma de elegir a quienes imparten justicia y otra, mucho más difícil, es conseguir que el sistema produzca mejores resultados.

El verdadero cambio: la justicia ahora enfrenta una nueva prueba de legitimidad

La elección popular puede aumentar la legitimidad democrática de las personas juzgadoras, pero también genera nuevas preguntas.

¿Qué criterios utilizará la ciudadanía para elegir a un juez o magistrado?

¿Cómo podrá comparar perfiles altamente especializados?

¿De qué manera se evitará que intereses políticos, económicos o grupos de presión influyan en las decisiones judiciales?

Estas preguntas son particularmente importantes porque las personas juzgadoras no toman decisiones únicamente sobre asuntos individuales.

Sus resoluciones pueden afectar inversiones, contratos, derechos de propiedad, empresas, políticas públicas, derechos humanos y la relación entre ciudadanos y autoridades.

Por ello, la nueva etapa del Poder Judicial tendrá que demostrar que la legitimidad obtenida en las urnas puede convertirse en confianza institucional.

¿Por qué la siguiente elección será en 2028?

Originalmente, la reforma contemplaba una segunda etapa de renovación para 2027. Sin embargo, en junio de 2026 se modificaron los transitorios constitucionales para establecer que la siguiente elección judicial federal y local se realizará en 2028.

La decisión tiene una razón logística y política importante.

La propuesta busca hacer coincidir la elección judicial con el proceso electoral federal ordinario de 2028 y facilitar la participación ciudadana. También pretende simplificar las boletas y mejorar el proceso de evaluación y selección de candidaturas.

Además, el cambio significa que las personas juzgadoras que no fueron renovadas en 2025 permanecerán en sus cargos hasta la elección de 2028. Los cargos correspondientes serán entonces sometidos al nuevo esquema electoral.

Así, 2025 fue el inicio de la transformación y 2028 será una segunda etapa para consolidarla.

¿Qué se elegirá en 2028?

La elección de 2028 será especialmente relevante porque completará la renovación escalonada de diferentes órganos judiciales.

De acuerdo con el decreto vigente, en 2028 se elegirán, entre otros cargos, magistraturas de Circuito y jueces de Distrito que no fueron renovados en 2025, además de cargos del Tribunal Electoral y de los poderes judiciales locales.

El Gobierno Federal ha señalado que, para ese proceso, están previstos 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, cuatro magistrados de la Sala Superior del TEPJF y miles de cargos en los poderes judiciales locales.

Esto significa que 2028 no será simplemente otra elección.

Será el momento en que se podrá evaluar con mayor claridad si el nuevo modelo judicial está funcionando.

El gran reto: pasar de la transformación a los resultados

Uno de los principales riesgos de cualquier reforma institucional es quedarse en el cambio de estructuras.

Cambiar ministros, magistrados y jueces no garantiza automáticamente una justicia más rápida, eficiente o imparcial.

El verdadero indicador será lo que ocurra dentro de los tribunales.

¿Disminuirán los tiempos de resolución?

¿Habrá menos rezago?

¿Mejorará el acceso a la justicia?

¿Se fortalecerá la protección de los derechos?

¿Existirá mayor certeza para empresas e inversionistas?

¿Las decisiones judiciales mantendrán un alto nivel técnico?

Estas preguntas serán mucho más importantes que cualquier discurso político.

La nueva arquitectura judicial tendrá que demostrar que puede convertir una transformación constitucional en resultados concretos para la sociedad.

Un nuevo equilibrio entre los poderes

Otro aspecto fundamental será la relación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.

La independencia judicial constituye uno de los elementos esenciales de cualquier Estado democrático. Por ello, el nuevo modelo enfrenta una prueba especialmente delicada: demostrar que la elección popular de jueces no significa subordinación política.

La propia cúpula del Poder Judicial ha señalado la importancia de preservar la independencia, autonomía e imparcialidad de la función judicial.

El reto será encontrar un equilibrio entre democracia y especialización, legitimidad popular e independencia, cercanía ciudadana y rigor jurídico.

Ese equilibrio será determinante para la confianza institucional de México.

La economía también está en juego

Aunque la reforma judicial suele analizarse desde una perspectiva política, sus consecuencias pueden extenderse directamente a la economía.

Para una empresa, la existencia de tribunales confiables significa saber que un contrato puede hacerse valer, que una disputa puede resolverse y que una autoridad puede ser limitada cuando actúa fuera de la ley.

En un contexto donde México busca atraer inversión mediante el nearshoring y fortalecer su posición dentro de América del Norte, la certeza jurídica es un activo económico.

Un sistema judicial que genere confianza puede convertirse en una ventaja competitiva.

Uno que genere incertidumbre puede convertirse en un obstáculo.

Por eso, los inversionistas, empresarios y organismos internacionales estarán observando no solamente quién ocupa los cargos judiciales, sino cómo toman decisiones y qué tan predecible es el sistema.

2028 será el verdadero examen

La elección de 2025 abrió la puerta a un experimento institucional que todavía está en construcción.

La nueva Suprema Corte ya está funcionando. También comenzaron a operar las nuevas estructuras de administración y disciplina judicial. El sistema está aprendiendo a funcionar bajo reglas distintas y con nuevos actores.

Pero será en los próximos años cuando comenzará a medirse su verdadero impacto.

Para 2028, México tendrá suficiente experiencia para comparar el funcionamiento del nuevo modelo con el anterior y evaluar si la transformación cumplió sus objetivos.

La discusión entonces será mucho más profunda que preguntar quién ganó una elección.

La pregunta será:

¿México logró construir un Poder Judicial más democrático sin sacrificar su independencia, especialización y capacidad para impartir justicia?

Conclusión

La elección judicial de 2025 marcó el inicio de una de las transformaciones institucionales más profundas de las últimas décadas en México. La renovación de la Suprema Corte y de cientos de cargos judiciales modificó la estructura tradicional del Poder Judicial y abrió una nueva etapa en la relación entre justicia y ciudadanía.

El aplazamiento de la siguiente elección a 2028 no significa detener la reforma. Al contrario, establece una segunda fase para completar la renovación y, al mismo tiempo, permite observar el desempeño de las nuevas instituciones antes de someter más cargos al voto popular.

El verdadero desafío ya no es cambiar al Poder Judicial. Es demostrar que el nuevo Poder Judicial puede generar más justicia, más confianza y mayor certeza para México.

Y en 2028, los ciudadanos no solamente volverán a elegir personas: también estarán evaluando el rumbo que tomó la justicia mexicana después de su primera gran transformación.