Estado de Derecho

Fortalecimiento del Estado de Derecho, el mayor desafío para la próxima presidenta.

En la actualidad se observa un compromiso generalizado con la promesa de mejorar la seguridad del país, una iniciativa que responde de manera directa a la creciente preocupación que la inseguridad representa para la sociedad. Sin embargo, es fundamental que este debate vaya más allá de las promesas políticas inmediatas y se enfoque en reflexionar sobre un aspecto fundamental: el estado de derecho y su papel en la construcción de una sociedad segura y equitativa.

El concepto de estado de derecho constituye un pilar esencial para la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación. Implica que todas las personas, incluido el propio Estado, están sujetas a unas leyes que se promulgan públicamente, se aplican de manera equitativa e independiente, y están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. Este principio no solo garantiza la justicia y la igualdad ante la ley, sino que también es fundamental para la prevención y el combate efectivo de la delincuencia organizada y otros desafíos relacionados con la seguridad.

Según datos recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, la inseguridad tiene un impacto significativo en la vida de los ciudadanos mexicanos. En el año 2022, se estima que 21.1 millones de personas fueron víctimas de delitos, lo que resultó en una pérdida promedio de $9,332 pesos por víctima debido a la comisión del delito. Además, se registraron gastos adicionales relacionados con la salud de las víctimas, quienes destinaron en promedio $773 pesos para hacer frente a los daños sufridos. Asimismo, más de un tercio de la población adulta del país gastó en promedio $3,025 pesos en medidas de protección personal, lo que evidencia el costo económico y social de la inseguridad para la sociedad en su conjunto.

Es evidente que la seguridad no puede lograrse de manera sostenible sin un robusto estado de derecho que garantice el respeto por los derechos humanos, promueva la igualdad de género y fomente la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desempeña un papel crucial al apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales dirigidos a promover la seguridad y el estado de derecho.

Organismos como el antes mencionado, implementan programas integrales que abordan tanto la prevención como la persecución del crimen organizado y la corrupción. Desde iniciativas de prevención que buscan combatir la discriminación y la exclusión social, hasta proyectos de fortalecimiento del sistema de justicia penal que promueven la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los delitos, trabajando desde diversos frentes para fortalecer el estado de derecho y promover una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos.

En conclusión, es fundamental reconocer que el estado de derecho es un elemento indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, prósperas y seguras. Solo a través de un compromiso conjunto con la promoción y el fortalecimiento del estado de derecho podremos superar los desafíos actuales en materia de seguridad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos.

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